Bogotá cuenta con orientaciones para proteger a sus servidores públicos ante situaciones de violencia en los colegios

La Secretaría de Educación del Distrito establece cómo actuar y acompañar a quienes trabajan en los colegios oficiales cuando son víctimas de agresiones, amenazas, intimidaciones u hostigamientos en el ejercicio de sus funciones.

Rectoras, rectores, docentes, directivos docentes y servidores administrativos de los colegios oficiales de Bogotá ya cuentan con un marco claro para saber qué hacer si son agredidos, amenazados o intimidados por razón de su trabajo. Con la Circular 007 del 23 de septiembre de 2026, se busca proteger la dignidad, la integridad y la seguridad de quienes ejercen funciones públicas en los establecimientos educativos y garantizar que desarrollen sus labores en entornos seguros, protectores y libres de violencia.

“Una amenaza o una agresión nunca son una forma válida de resolver una diferencia. Por eso, establecimos orientaciones concretas para saber cómo actuar y cómo acompañar a nuestros servidores cuando se presenten situaciones de violencia en los colegios”, afirmó Julia Rubiano, secretaria de Educación del Distrito.

La entidad reconoce el derecho de estudiantes, familias y servidores a expresar sus opiniones, hacer recomendaciones y manifestar sus desacuerdos, siempre a través del diálogo y de los canales institucionales. En este sentido, la circular es enfática: las agresiones, amenazas, intimidaciones o cualquier otra forma de violencia no son una forma legítima de expresar o resolver diferencias.

Las orientaciones aplican cuando una persona que trabaja en un colegio distrital es víctima de agresión física, violencia o maltrato verbal, amenazas, intimidaciones, hostigamientos, daños a bienes relacionados con su labor, actos que buscan impedir el ejercicio de sus funciones o cualquier otra conducta que afecte su integridad o seguridad por razón de su cargo.

Qué hacer si ocurre una agresión

La circular orienta, paso a paso, la actuación ante estas situaciones. Lo primordial es proteger la integridad física y emocional de las personas involucradas y buscar atención en salud cuando haya una afectación física o psicológica. También recomienda no responder con violencia, retirarse del lugar si es necesario y pedir apoyo inmediato a su superior, al personal de seguridad o a la Policía Nacional cuando exista una situación de riesgo.

Si está controlada la situación, la persona afectada debe informar para que los hechos queden registrados y se activen las medidas correspondientes. Las agresiones deben reportarse como accidente o incidente de trabajo, según el caso, y el reporte debe incluir fecha, hora, lugar, descripción de lo ocurrido, testigos y evidencias disponibles. 

Cuando los hechos puedan constituir un delito, como el de violencia contra servidor público, el caso debe ponerse en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. La circular también precisa que no le corresponde a la persona afectada demostrar si hubo un delito: su tarea es informar los hechos de manera clara, completa y verificable, y son las autoridades competentes las que determinan las responsabilidades.

Por su parte, los rectores, rectoras y directivos docentes deben verificar las condiciones de seguridad, adoptar medidas inmediatas de protección, formalizar el reporte, preservar las grabaciones de cámaras cuando existan, orientar sobre la atención en salud e informar a la Dirección Local de Educación.

Acompañamiento y medidas de protección

Las Direcciones Locales de Educación brindarán acompañamiento a quienes enfrenten estas situaciones con orientación en seguridad, gestión de situaciones de amenaza, apoyo psicosocial y articulación con las instituciones necesarias. Cuando se requiera apoyo emocional, se podrá activar la atención del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Talento Humano.

Además, los colegios y las dependencias de la Secretaría de Educación podrán adoptar medidas para prevenir nuevas agresiones como el acompañamiento institucional, la coordinación con autoridades de seguridad, la orientación jurídica, así como la atención en salud física y mental. En los casos de amenazas que comprometan la seguridad, se aplicarán los lineamientos vigentes sobre traslados por razones de seguridad.

Estas orientaciones no crean una ruta nueva ni reemplazan las existentes, se articulan con la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, el Comité Escolar de Convivencia, los manuales de convivencia y los protocolos institucionales. Cuando el presunto agresor sea un niño, niña o adolescente, se aplicarán además las disposiciones del Código de la Infancia y la Adolescencia.

“Queremos que sepan que los acompañamos con orientación en seguridad, apoyo psicosocial y articulación con las instituciones que sean necesarias. Porque cuidar a quienes trabajan todos los días por nuestros estudiantes también es cuidar nuestros colegios”, concluyó la secretaria Julia Rubiano.